Programa de trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de la alerta de violencia de genéro contra las mujeres

Diseñar una estrategia educativa intercultural en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género para la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Para ello, se deberá establecer en los centros educativos públicos y privados un programa permanente de talleres en materia de violencia de género y sexualidad dirigido a las y los adolescentes de nivel secundaria y preparatoria.

Asimismo, se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia.

Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. La información vertida en este banco debe ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

Del mismo modo, se deberán realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, dirigido a las(os) prestadores de servicios de salud de urgencias y de gineco-obstetricia, particularmente; así como, del personal médico y paramédicos de primer contacto.

El objetivo el personal de salud reconozca la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública, identificando los diferentes tipos y modalidades de la violencia y sus efectos en la salud a fin de que aplique los elementos contenido en la NOM-046 en el marco de los derechos humanos, con perspectiva de género y con un enfoque intercultural y multicultural.

Dichos programas deben especificar los mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal.

Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y presupuestales.

Fortalecer la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, y todas instancias encargadas de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con recursos presupuestales y humanos.

Fomentar la creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que repliquen las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

MZA1 Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetivo transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia. Para la construcción de dicha estrategia se debe contar con la participación activa de las mujeres a quienes se dirigirá.

MZA2 Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

Con base en el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.

La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia, particularmente, la fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos.

Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM. Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo entre víctima, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

Con base en lo establecido por el artículo 26, fracción III, inciso b) de la Ley General de Acceso, se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El estado de Chiapas deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación.

Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales.

Desarrollar programas para la reeducación de hombres generadores de violencia.

Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menos caben o anulen sus derechos, para impulsar a través del Ejecutivo una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, se deberá realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios. Para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocido en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las mujeres en el Estado de Chiapas.

Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Chiapas. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la Sociedad civil y los familiares de las víctimas.